CIRCULAR INFORMATIVA ENERO 2013

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LAS MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA PARA LA CONSOLIDACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS Y EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA INTRODUCIDAS POR LA LEY 16/2012, DE 27 DE DICIEMBRE.

El pasado 28 de diciembre se publicó la Ley 16/2012, de 27 de diciembre por la que se adoptan medidas adicionales y complementarias a las aprobadas a lo largo del pasado año y que están destinadas a conseguir la reducción del déficit público y la tan necesaria reactivación económica.   A continuación resumimos las medidas más importantes y de aplicación más general, que ya les anticipamos en nuestra newsletter del mes de noviembre pasado.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Con efectos desde el 1 de enero de 2013:

1. Se suprime la deducción por inversión en vivienda habitual, estableciéndose un régimen transitorio para los contribuyentes que la hubieran adquirido antes de 1 de enero de 2013 o hubiesen satisfecho cantidades con anterioridad a dicha fecha para la construcción de la misma, y los que hubieran satisfecho cantidades antes de dicha fecha por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual o para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

2. Se establece un gravamen especial del 20 por ciento para los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos de la Cruz Roja Española y la ONCE. También están sujetos a este impuesto los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea y que persigan objetivos idénticos a los organismos o entidades señalados anteriormente.

Estarán exentos los premios que no superen los 2.500 euros. Se permitirá que las pérdidas del juego puedan compensarse con las ganancias obtenidas en el mismo.

3. Las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras realizadas en los mismos con un año o menos de antelación a la fecha de transmisión o de derechos de suscripción que correspondan a valores adquiridos, asimismo, con la misma antelación, se integrarán en la base imponible general.

4. Se mantiene para 2013 la consideración de renta en especie exenta a los gastos e inversiones efectuadas por la empresa para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

5. Se modifica la regla de cálculo de la retribución en especie derivada de la cesión de vivienda a los empleados cuando la misma no sea propiedad de la empresa, de forma que la retribución se cuantificará por el importe del coste del alquiler asumido por el empleador, siempre y cuando no sea inferior al 10 por ciento del valor catastral de la vivienda, o al 5 por ciento si el mismo ha sido revisado.  Se establece un régimen transitorio para el período impositivo 2013, durante el cual la retribución en especie por utilización de vivienda que no sea propiedad del empleador, se podrá seguir calculando conforme a la normativa anterior, siempre que la entidad empleadora ya viniera satisfaciendo la retribución en especie en relación con dicha vivienda con anterioridad a 4 de octubre de 2012.

6. Se prorroga para el ejercicio 2013 la reducción del 20 por ciento del rendimiento neto de las actividades económicas con mantenimiento o creación de empleo para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de ellas sea inferior a 5 millones de euros y tengan una plantilla media inferior a 25 empleados y no inferior a la unidad. Esta reducción tiene un límite del 50 por ciento del importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de los trabajadores.

7. Se incrementa la tributación de las indemnizaciones u otras retribuciones de cuantía muy elevada derivadas de la extinción de relaciones laborales o mercantiles (superiores a setecientos mil de euros).

Impuesto sobre el Patrimonio  

Se prorroga para el ejercicio 2013.

Impuesto sobre Sociedades

1. Para los períodos impositivos iniciados en 2013 y 2014 las amortizaciones del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias serán deducibles hasta un 70 por ciento de aquella que hubiera resultado fiscalmente deducible de no aplicarse el referido porcentaje. Esta limitación no se aplicará a aquellas entidades que en el ejercicio anterior su cifra de negocio sea inferior a 10 millones de euros. Si la entidad pertenece a un grupo de sociedades, la cifra de negocios se referirá al conjunto de entidades del grupo.

La amortización contable que no resulte deducible en virtud de lo dispuesto en este apartado, se deducirá de forma lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año 2015.

2. Se prorroga para el período impositivo iniciado en 2013 la escala reducida para micropymes (cifra de negocios inferior a 5 millones de euros y plantilla media inferior a 25 empleados y un mínimo de uno). Estas entidades tributarán al tipo del 20 por ciento la base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, y el 25 por ciento la parte de la base imponible que supera esa cantidad.

La aplicación de estos tipos reducidos está condicionada a que la plantilla media no sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009, o si se ha constituido posteriormente, se tomará la plantilla media de los 12 meses siguientes al inicio de la actividad.

3. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que realicen actividades económicas, que lleven su contabilidad conforme al Código de Comercio o estén obligados a llevar los libros registros de su actividad económica y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente podrán acogerse, con carácter voluntario, a la actualización de valores (actualización de balances) regulada en la presente disposición.

Serán actualizables los elementos de inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero, incluyendo los adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, condicionados al ejercicio de la opción de compra. También los elementos patrimoniales correspondientes a acuerdos de concesión registrados como activo intangible por las empresas concesionarias que deban aplicar los criterios contables establecidos por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.

La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la misma y a las correspondientes amortizaciones, salvo en el caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos. En el caso de inmuebles, la actualización deberá realizarse distinguiendo entre el valor del suelo y el de la construcción.

Las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido entre la fecha de cierre del balance (a partir de 29 de diciembre de 2012) y el día en que finalice el plazo para su aprobación. En el caso de personas físicas se realizarán entre el 31 de diciembre de 2012 y la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración del IRPF de 2012.

El incremento neto del valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará a partir del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015, durante aquellos que resten para completar la vida útil del elemento patrimonial, en los mismos términos que corresponde a las renovaciones, ampliaciones o mejoras.

Se aplicará un gravamen del 5 por ciento sobre el saldo revalorizado. El gravamen será exigible el día que se presente la declaración relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización. Tratándose de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el gravamen será exigible el día que se presente la declaración correspondiente al período impositivo 2012.

4. En relación con el incremento de la tributación de las indemnizaciones mencionadas en el anterior apartado 7 del IRPF, aquellas indemnizaciones que superen una determinada cuantía (1 millón de euros o el exceso de la indemnización que se considere exenta, si es superior) se considerarán gasto no deducible fiscalmente.

5. Se modifican los criterios específicos para poder aplicar del Régimen Fiscal Especial de las Entidades dedicadas al Arrendamiento de Viviendas.

Se permite la transmisión de inmuebles arrendados transcurrido el periodo mínimo de mantenimiento de 3 años (antes 7 años).

El número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento en cada período impositivo debe ser en todo momento igual o superior a 8 (antes 10).

Se suprime el requisito del tamaño de las viviendas (antes máximo 135 metros cuadrados.

Se disminuye el plazo que las viviendas deben permanecer arrendadas u ofrecidas en arrendamiento, pasando de siete años a tres.

Impuesto sobre el Valor Añadido

Se establece a forma de aclaración que constituye entrega de bienes la adjudicación de los inmuebles promovidos por comunidades de bienes a sus comuneros, en proporción a su participación.

Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Se modifica el artículo 40 del Texto refundido, en el sentido de declarar no sujetas las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros Públicos, cuando tengan por objeto un derecho o interés valuable y vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial o administrativa competente.

A voltes sobre els terminis de pagament

Josep Lluís Santamarta (jlsantamarta@avs.cat) 7/4/2011

Darrerament hem sentit algun crit d’alarma per l’aprovació d’una directiva europea, la número 2011/7/UE, que modifica l’anterior de l’any 2000, i segons la qual el termini màxim de pagament no pot excedir de 60 dies llevat de pacte exprés en sentit contrari, sempre i quan aquest pacte no resulti manifestament abusiu. Hi ha qui pensa que això contradiu la recent norma espanyola relativa als terminis màxims de pagament, la qual va provocar tant consens en la majoria de les empreses petites i mitjanes perquè elimina la possibilitat de pacte per superar els terminis màxims. Un cop llegida amb calma, però, penso que no cal espantar-se. La clau de volta és el concepte de “manifestament abusiu pel creditor”. Per saber si és abusiu un pacte -ens diu l’article 7 de la mateixa directiva- s’hauran de tenir en compte les circumstàncies concurrents, com ara una desviació greu de les bones pràctiques comercials, contrària a la bona fe i actuació lleial. S’haurà de tenir en compte també l’existència de raons objectives per admetre l’excepció a la norma. En definitiva, la nova Directiva ve a definir millor els conceptes, i, a diferència de l’anterior directiva, segueix la senda del nostre dret i contempla com abusius pràcticament tots els pactes que superen els terminis màxims en les circumstàncies que acostumem a conèixer. Aquests pactes no caldrà complir-los.

Aprofito també per proposar una petita reflexió. Del que es tracta aquí és de no permetre que el natural desequilibri de forces entre els actors del comerç derivi en la imposició de terminis exagerats. Fer-ho només amb normes coercitives té -no ens enganyem- un abast molt limitat. Una gran empresa guanya molts diners per la rotació de proveïdors, i això compensa qualsevol risc de sanció per incompliment de la llei. Per què aquesta llei tingui efectes reals a la nostra economia, han de passar dues coses: per una banda s’ha d’interioritzar l’obligatorietat de la norma, primerament ens l’hem de creure i l’hem de fer nostra de la mateixa manera que hem interioritzat des de petits que cal cedir el seient a la gent gran al bus. Parlo amb molta gent que es manifesta ferm partidari de la norma, però que no dubten en endarrerir els seus propis pagaments fins a l’eternitat. En segon lloc, cal que l’incompliment no sigui rendible per l’incomplidor, i no només gràcies al règim sancionador. Em venen al cap diverses possibilitats: estudiem si l’incompliment podria comportar alguna mena de responsabilitat a l’administrador o gerent de l’empresa; o es podria vetar l’accès a concursos públics a les empreses que hagin estat sancionades; també podríem utilitzar aquest criteri a l’hora de concedir una compensació de l’IVA, etc. Finalment, cal evitar la possibilitat d’acceptar un termini il•legal eliminant per a la part feble l’alternativa que afavoreix a l’incomplidor. En termes de negociació estratègica, l’autoprivació d’una alternativa que en el futur ens perjudicarà impedeix que la part més forta de la relació comercial s’aprofiti imposant-nos les condicions que en el moment actual podem acceptar gràcies a aquella alternativa. Què passaria si els bancs no poguessin acceptar efectes al descompte derivat d’operacions comercials si el termini de pagament supera els límits legals? I si les asseguradores de caució poguessin rebutjar la cobertura de factures amb terminis excessius? No oblidem que ara la gran constructora o un Ajuntament (per posar uns exemples a l’atzar), tot i que saben que no pagaran a temps, també coneixen que acabarem fent cua al banc per suplicar que ens descomptin la lletra. I si no poguéssim fer-ho? Cada vegada més clients meus em comenten que ja no accepten res que no estigui assegurat, o en llenguatge d’empresa de caució, “classificat”. Son tantes les enganxades que han patit que prefereixen no acceptar la oferta si no poden assegurar el risc, i observo que al capdavall és la millor solució. Pensem doncs, com serien les coses si la nostra resposta davant d’una oferta de negoci amb un termini de pagament que supera els límits legals fos senzillament: “Ho sento, no puc”.

D.E.H. La inseguridad electrónica

Carlos Vázquez Pastor (cvazquez@avs.cat) 16/03/2011

Ultimamente nos hemos encontrado con otra fantástica idea de la Administración tributaria pensada inicialmente para reducir el coste de los tramites en formato papel, pero que sobre todo ayudará a incrementar la litigiosidad y derivado de esto los ingresos fiscales. Como hemos nacido (tributariamente hablando) marcado por la presunción de culpabilidad, ya no hay bastante con que la Administración tributaria nos sancione por cualquier motivo, ya que por mucho que nos esforcemos en cumplir una normativa cada vez más compleja y cambiante, acabaremos realizando algún ilícito o incumplimiento, sino que además no tendrá que molestarse en redactar (mejor diremos “cortar y pegar”), ensobrar y enviar la comunicación del expediente por escrito.

Según el RD 1636/2010 de reciente entrada en vigor, a partir de ahora los mismos administrados (de momento solo sociedades y similares, el resto creo que tendremos noticias para el 2012) serán los que tendrán que acceder a una dirección electrónica habilitada por la Administración (la conocida como DEH) para ver si han recibido alguna comunicación o notificación, bajo pena de si no han entrado en diez días naturales, entender que se ha producido la misma a todos los efectos, empezando a contar todos los plazos procedimentales en contra del pobre e incauto administrado que eso sí (que majos son los señores de informática tributaria) tiene la posibilidad de entrar en la sede electrónica de la Agencia para ver el histórico de todos sus expedientes de los últimos nueve anos y así poder estirarse de los pelos si se da cuenta que por no entrar en su DEH desde hace un mes le ha sido notificada una liquidación tributaria supongamos de IVA mientras estaba disfrutando de las primeras vacaciones que tenía en los últimos cinco años.

La verdad que aunque parezca que lo explico de una manera relajada, las buenas palabras de los responsables de la Administración en cuanto a que no serán tan malos no me tranquiliza, si querían que el tema no creara tal desequilibrio de fuerzas y que no diera tantas facilidades para su utilización indiscriminada y masiva, lo suyo hubiera sido regular el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones administración-administrado de una manera más pacífica y racional. La regulación de las notificaciones administrativas es un asunto esencial que constituye uno de los pilares de una organización basada en el principio de seguridad jurídica y por lo tanto cualquier cambio acaba afectando a nuestro sistema de derechos y libertades.

La novedad que debería de ser un paso adelante para conseguir una mejora técnica en términos de agilidad y disminución de costes, al final y si no se modifica en breve, solo será una obligación mas que se irá amontonando a las otras normas existentes y que lo único que conseguirán es limitar la actuación del ciudadano en su ámbito privado, al tenerlo por un sujeto sospechoso que además se tiene que hacer cargo de “auto-vigilar” sus relaciones con la Administración para no, paradojas de la vida, ser sancionado “por no atender un requerimiento …..”, o similar, no haciendo falta considerarse demasiado liberal para sorprenderse de una norma que nos hace ser a la vez sujetos y objetos del procedimiento tributario, ¿no hubiera sido mejor, por solo poner un ejemplo, habilitar una dirección de correo electrónico (email) para que nos notificaran de que tenemos “algo” en la sede electrónica de la web de la Agencia tributaria y darnos por notificados una vez entremos?

En todo caso recomiendo que vayamos familiarizándonos con el funcionamiento de la firma electrónica y los certificados digitales ya que la norma ya es aplicable y nos tendremos que acostumbrar. Solo por curiosidad comentar que lo primero que he recibido tras darme de alta en el servicio ha sido una notificación de embargo por una multa de tráfico, pero la resolución a la solicitud que hice de compensación de la misma con mi renta impagada de 2009 “o sorpresa” la he recibido por correo certificado, no habiendo en mi DEH ni rastro de la misma.

La Llei de l’Economia Sostenible

Josep Lluís Santamarta (jlsantamarta@avs.cat) 15/11/2011

Si l’estrès post setmana blanca no us permet conciliar la son, us recomano que abans de dormir dediqueu uns minuts a la lectura de la Llei 2/2011, d’Economia Sostenible, aprovada el passat dia 4 de març. És potser una de les lleis més pacífiques de la història, amb uns enunciats de principis que difícilment trobaran opinions en contra. L’objectiu no és modest: introduir en l’ordenament jurídic les reformes estructurals necessàries per crear condiciones que afavoreixi un desenvolupament econòmic sostenible. És preciós, però què vol dir tot això en realitat? L’article 2 de la llei ens aclareix que per economia sostenible s’ha d’entendre un patró de creixement que conciliï el desenvolupament econòmic, social i ambiental en una economia productiva i competitiva, que afavoreixi l’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, i garanteixi el respecte ambiental, etc. No és poca cosa. Tots coincidim en que el desenvolupament econòmic és una fita desitjable, i que ens cal millorar la nostra productivitat per poder competir amb les economies del nostre entorn. Però, sense dubtar de la bona intenció del nostre legislador, penso que els seus objectius són, pel cap baix, agosarats. En una sol text ens dibuixa un país futur que potser no reconeixerem de tant canviat que serà. Té la pretensió de fixar tot d’una principis per millorar la manera com l’administració dicta les lleis, per promoure la responsabilitat social de les empreses, la transparència dels mercats financers, simplificar els tributs, internacionalitzar les nostres companyies, millorar la nostra educació, etc., i tot això amb un model energètic sostenible. Tant de bo que se’n surti el govern amb aquest instrument normatiu, però en llegir-lo no puc deixar de pensar en una noia que vaig conèixer fa uns vint-i-cinc anys, passejant per Budapest quant encara hi manava el partit comunista hongarès. Discutint sobre els beneficis de l’economia dirigida, ens va etzibar el següent pensament: “és que jo amb això de l’atur, no estic d’acord”. I és clar, ningú no va gosar contradir-la, però no sé si la solució als nostres problemes passa per elevar al rang normatiu una bona intenció. En aquest sentit, No voldria que la llei en qüestió es quedés només en això, en un reguitzell de bones intencions cosides amb una norma feixuga plena de conceptes indeterminats com sostenibilitat, simplificació, austeritat,competitivitat, etc. En aquest darrer aspecte, deixeu-me destacar l’article 4.7 de la llei, quan invoca que el principi de simplicitat de la regulació normativa exigeix que “toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo.”(sic). Amb això també estic d’acord, però resulta curiós que ho trobem en una llei que toca aspectes tan diversos com els òrgans reguladors, la creació normativa de l’administració, el sistema tarifari elèctric, les finances administratives, l’IVA, els transports terrestres, l’educació, el cadastre, les patents, i molts d’altres, modificant la gens menyspreable xifra de 47 lleis diferents, mitjançant els 114 articles, 20 disposicions addicionals, 9 transitòries i 60 disposicions finals a les que prometo dedicar una bona part del meu temps per esbrinar com pretenen canviar les nostre estructures socials i situar-nos en la via de la recuperació econòmica sostenible.