A partir del 15 de enero de 2015, la factura electrónica será obligatoria para los proveedores de la Administración Pública Española.

El 27 de diciembre de 2013 se aprobó en el Congreso la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Esta normativa fomenta la emisión de facturas en el formato nacional Facturae , que será obligatorio en las relaciones comerciales entre la Administración y sus proveedores a partir del 15 de Enero 2015 (con alguna excepción).

Los nuevos cambios obligan a las administraciones a disponer de un registro contable de facturas en que quedan anotados todos y cada uno de los estadios por los que pasa una factura. El objetivo es conseguir un conocimiento más inmediato de la realidad económica en las administraciones, facilitar el seguimiento de la factura a los proveedores y reducir la morosidad.

En este sentido, la Generalitat de Catalunya publicó el pasado 13 de noviembre el acuerdo de Gobierno 151/2014 , de 11 de noviembre, sobre el punto general de entrada de facturas electrónicas de Cataluña, que declara el servicio e.FACT del Consorcio AOC como punto general de entrada de facturas electrónicas de la totalidad del sector público de las administraciones catalanas.

Con la aprobación de este acuerdo , el servicio e.FACT se convierte en el punto de intercambio de facturas con la Administración General del Estado a través de la plataforma Face, garantizando la interoperabilidad y el envío bidireccional de facturas.

Si necesitan ampliar esta información o ayuda con la tramitación de sus facturas rogamos se pongan en contacto con nosotros por lo medios habituales.

OTRA INFORMACIÓN:

NOVEDADES EN MATERIA LABORAL

Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

La exposición de motivos de la norma justifica la aprobación de este Real Decreto en la necesidad de acelerar la recuperación y la creación de empleo sobre la base de que los datos macroeconómicos se han estabilizado y retornan a una tendencia positiva.

Para ello se propone una reducción de parte las cotizaciones empresariales por contratación indefinida cuyos requisitos y beneficios detallamos a continuación:

Tipo contrato

CONTRATOS INDEFINIDOS suscritos entre el 25 de febrero de 2014 y 31 de diciembre de 2014.

Reducción de cotización

La aportación empresarial por contingencias comunes se reducirá a las siguientes cuantías:

➢ Contrato a tiempo completo, 100 euros mensuales.

➢ Contrato a tiempo parcial con jornada de al menos el 75%, 75 euros mensuales.

➢ Contrato a tiempo parcial con jornada de al menos el 50%, 50 euros mensuales.

Recordar que la aportación empresarial por contingencias comunes es del 23,60% sobre la base de cotización del trabajador, por lo que el 6,3% correspondiente a la cotización empresarial por desempleo, FOGASA y formación, la cotización por accidentes y la cuota del trabajador no se ven afectadas y siguen cotizando igual.

Ejemplo:
Por un trabajador con una base de cotización mensual de 1.500 euros se pagarán 100 euros (de contingencias comunes) + 94,5 euros (por desempleo, Fogasa y FP) + tarifa de accidentes según actividad empresarial. Sin esta reducción la cuota empresarial sería de 254 euros más al mes (3.048 al año).

Período de reducción

➢ Durante 24 meses desde el inicio del contrato.

➢ Para empresas con menos de 10 trabajadores en el momento de suscribir el contrato dicho período se amplía, finalizados los 24 meses, en 12 meses más por una reducción del 50%

Requisitos a cumplir

➢ Hallarse al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social, tanto en la fecha de alta del trabajador como durante el período de la reducción de cotización.

Si durante el período existiese deuda, total o parcial, se producirá la perdida automática de la reducción a partir del mes en que se produzca el incumplimiento.

➢ La contratación ha de suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel total de la empresa.

➢ Mantener durante 36 meses tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación. Se examinarán dichos niveles de empleo cada doce meses y se tendrán en cuenta los niveles del mes en el cuál se revisa.

➢ No haber extinguido contratos por causas objetivas o despidos disciplinarios declarados, unos y otros, judicialmente como improcedentes en los 6 meses anteriores a la contratación. Tampoco extinciones por despidos colectivos. A estos efectos no se tendrán en cuenta las extinciones anteriores al 25 de febrero de 2014.

Situaciones de no aplicación

➢ Contrataciones del cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado del empresario, de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de empresa con personalidad jurídica. 
Sí que se admite la reducción en la contratación de hijos por el trabajador autónomo.

➢ Contratación en regímenes especiales de la seguridad social.

➢ Contratación de trabajadores que en los 6 meses anteriores a la fecha del contrato hubieran prestado servicios a la misma empresa con contrato indefinido.

➢ Contratación de trabajadores que hubieran estado contratados en otras empresas del grupo de empresas del que formen parte y extinguido el contrato por causas objetivas o despidos declarados, unos y otros, judicialmente como improcedentes en los 6 meses anteriores a la contratación. Tampoco extinciones por despidos colectivos. A estos efectos no se tendrán en cuenta las extinciones anteriores al 25 de febrero de 2014.

➢ No se aplica la reducción al contrato que ya goce de otro beneficio en la cotización a la seguridad social.

Efectos de la aplicación indebida o incumplimiento de requisitos

➢ En caso de aplicación indebida de la reducción, reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondiente.

➢ Para el caso de incumplir el requisito de mantener el nivel de empleo durante el período estipulado de 36 meses, se reintegrará la diferencia entre la cotización normal sin reducción y las aportaciones ya realizadas desde el inicio de la reducción, sin exigir recargo e interés de demora, en los siguientes términos:

• Si el incumplimiento del mantenimiento del empleo se produce a los 12   meses de    la contratación corresponderá reintegrar el 100%.

• Si se produce a los 24 meses se reintegrará un 50%.

• En caso de producirse a los 36 meses el reintegro será del 33%.

A voltes sobre els terminis de pagament

Josep Lluís Santamarta (jlsantamarta@avs.cat) 7/4/2011

Darrerament hem sentit algun crit d’alarma per l’aprovació d’una directiva europea, la número 2011/7/UE, que modifica l’anterior de l’any 2000, i segons la qual el termini màxim de pagament no pot excedir de 60 dies llevat de pacte exprés en sentit contrari, sempre i quan aquest pacte no resulti manifestament abusiu. Hi ha qui pensa que això contradiu la recent norma espanyola relativa als terminis màxims de pagament, la qual va provocar tant consens en la majoria de les empreses petites i mitjanes perquè elimina la possibilitat de pacte per superar els terminis màxims. Un cop llegida amb calma, però, penso que no cal espantar-se. La clau de volta és el concepte de “manifestament abusiu pel creditor”. Per saber si és abusiu un pacte -ens diu l’article 7 de la mateixa directiva- s’hauran de tenir en compte les circumstàncies concurrents, com ara una desviació greu de les bones pràctiques comercials, contrària a la bona fe i actuació lleial. S’haurà de tenir en compte també l’existència de raons objectives per admetre l’excepció a la norma. En definitiva, la nova Directiva ve a definir millor els conceptes, i, a diferència de l’anterior directiva, segueix la senda del nostre dret i contempla com abusius pràcticament tots els pactes que superen els terminis màxims en les circumstàncies que acostumem a conèixer. Aquests pactes no caldrà complir-los.

Aprofito també per proposar una petita reflexió. Del que es tracta aquí és de no permetre que el natural desequilibri de forces entre els actors del comerç derivi en la imposició de terminis exagerats. Fer-ho només amb normes coercitives té -no ens enganyem- un abast molt limitat. Una gran empresa guanya molts diners per la rotació de proveïdors, i això compensa qualsevol risc de sanció per incompliment de la llei. Per què aquesta llei tingui efectes reals a la nostra economia, han de passar dues coses: per una banda s’ha d’interioritzar l’obligatorietat de la norma, primerament ens l’hem de creure i l’hem de fer nostra de la mateixa manera que hem interioritzat des de petits que cal cedir el seient a la gent gran al bus. Parlo amb molta gent que es manifesta ferm partidari de la norma, però que no dubten en endarrerir els seus propis pagaments fins a l’eternitat. En segon lloc, cal que l’incompliment no sigui rendible per l’incomplidor, i no només gràcies al règim sancionador. Em venen al cap diverses possibilitats: estudiem si l’incompliment podria comportar alguna mena de responsabilitat a l’administrador o gerent de l’empresa; o es podria vetar l’accès a concursos públics a les empreses que hagin estat sancionades; també podríem utilitzar aquest criteri a l’hora de concedir una compensació de l’IVA, etc. Finalment, cal evitar la possibilitat d’acceptar un termini il•legal eliminant per a la part feble l’alternativa que afavoreix a l’incomplidor. En termes de negociació estratègica, l’autoprivació d’una alternativa que en el futur ens perjudicarà impedeix que la part més forta de la relació comercial s’aprofiti imposant-nos les condicions que en el moment actual podem acceptar gràcies a aquella alternativa. Què passaria si els bancs no poguessin acceptar efectes al descompte derivat d’operacions comercials si el termini de pagament supera els límits legals? I si les asseguradores de caució poguessin rebutjar la cobertura de factures amb terminis excessius? No oblidem que ara la gran constructora o un Ajuntament (per posar uns exemples a l’atzar), tot i que saben que no pagaran a temps, també coneixen que acabarem fent cua al banc per suplicar que ens descomptin la lletra. I si no poguéssim fer-ho? Cada vegada més clients meus em comenten que ja no accepten res que no estigui assegurat, o en llenguatge d’empresa de caució, “classificat”. Son tantes les enganxades que han patit que prefereixen no acceptar la oferta si no poden assegurar el risc, i observo que al capdavall és la millor solució. Pensem doncs, com serien les coses si la nostra resposta davant d’una oferta de negoci amb un termini de pagament que supera els límits legals fos senzillament: “Ho sento, no puc”.

D.E.H. La inseguridad electrónica

Carlos Vázquez Pastor (cvazquez@avs.cat) 16/03/2011

Ultimamente nos hemos encontrado con otra fantástica idea de la Administración tributaria pensada inicialmente para reducir el coste de los tramites en formato papel, pero que sobre todo ayudará a incrementar la litigiosidad y derivado de esto los ingresos fiscales. Como hemos nacido (tributariamente hablando) marcado por la presunción de culpabilidad, ya no hay bastante con que la Administración tributaria nos sancione por cualquier motivo, ya que por mucho que nos esforcemos en cumplir una normativa cada vez más compleja y cambiante, acabaremos realizando algún ilícito o incumplimiento, sino que además no tendrá que molestarse en redactar (mejor diremos “cortar y pegar”), ensobrar y enviar la comunicación del expediente por escrito.

Según el RD 1636/2010 de reciente entrada en vigor, a partir de ahora los mismos administrados (de momento solo sociedades y similares, el resto creo que tendremos noticias para el 2012) serán los que tendrán que acceder a una dirección electrónica habilitada por la Administración (la conocida como DEH) para ver si han recibido alguna comunicación o notificación, bajo pena de si no han entrado en diez días naturales, entender que se ha producido la misma a todos los efectos, empezando a contar todos los plazos procedimentales en contra del pobre e incauto administrado que eso sí (que majos son los señores de informática tributaria) tiene la posibilidad de entrar en la sede electrónica de la Agencia para ver el histórico de todos sus expedientes de los últimos nueve anos y así poder estirarse de los pelos si se da cuenta que por no entrar en su DEH desde hace un mes le ha sido notificada una liquidación tributaria supongamos de IVA mientras estaba disfrutando de las primeras vacaciones que tenía en los últimos cinco años.

La verdad que aunque parezca que lo explico de una manera relajada, las buenas palabras de los responsables de la Administración en cuanto a que no serán tan malos no me tranquiliza, si querían que el tema no creara tal desequilibrio de fuerzas y que no diera tantas facilidades para su utilización indiscriminada y masiva, lo suyo hubiera sido regular el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones administración-administrado de una manera más pacífica y racional. La regulación de las notificaciones administrativas es un asunto esencial que constituye uno de los pilares de una organización basada en el principio de seguridad jurídica y por lo tanto cualquier cambio acaba afectando a nuestro sistema de derechos y libertades.

La novedad que debería de ser un paso adelante para conseguir una mejora técnica en términos de agilidad y disminución de costes, al final y si no se modifica en breve, solo será una obligación mas que se irá amontonando a las otras normas existentes y que lo único que conseguirán es limitar la actuación del ciudadano en su ámbito privado, al tenerlo por un sujeto sospechoso que además se tiene que hacer cargo de “auto-vigilar” sus relaciones con la Administración para no, paradojas de la vida, ser sancionado “por no atender un requerimiento …..”, o similar, no haciendo falta considerarse demasiado liberal para sorprenderse de una norma que nos hace ser a la vez sujetos y objetos del procedimiento tributario, ¿no hubiera sido mejor, por solo poner un ejemplo, habilitar una dirección de correo electrónico (email) para que nos notificaran de que tenemos “algo” en la sede electrónica de la web de la Agencia tributaria y darnos por notificados una vez entremos?

En todo caso recomiendo que vayamos familiarizándonos con el funcionamiento de la firma electrónica y los certificados digitales ya que la norma ya es aplicable y nos tendremos que acostumbrar. Solo por curiosidad comentar que lo primero que he recibido tras darme de alta en el servicio ha sido una notificación de embargo por una multa de tráfico, pero la resolución a la solicitud que hice de compensación de la misma con mi renta impagada de 2009 “o sorpresa” la he recibido por correo certificado, no habiendo en mi DEH ni rastro de la misma.

La Llei de l’Economia Sostenible

Josep Lluís Santamarta (jlsantamarta@avs.cat) 15/11/2011

Si l’estrès post setmana blanca no us permet conciliar la son, us recomano que abans de dormir dediqueu uns minuts a la lectura de la Llei 2/2011, d’Economia Sostenible, aprovada el passat dia 4 de març. És potser una de les lleis més pacífiques de la història, amb uns enunciats de principis que difícilment trobaran opinions en contra. L’objectiu no és modest: introduir en l’ordenament jurídic les reformes estructurals necessàries per crear condiciones que afavoreixi un desenvolupament econòmic sostenible. És preciós, però què vol dir tot això en realitat? L’article 2 de la llei ens aclareix que per economia sostenible s’ha d’entendre un patró de creixement que conciliï el desenvolupament econòmic, social i ambiental en una economia productiva i competitiva, que afavoreixi l’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, i garanteixi el respecte ambiental, etc. No és poca cosa. Tots coincidim en que el desenvolupament econòmic és una fita desitjable, i que ens cal millorar la nostra productivitat per poder competir amb les economies del nostre entorn. Però, sense dubtar de la bona intenció del nostre legislador, penso que els seus objectius són, pel cap baix, agosarats. En una sol text ens dibuixa un país futur que potser no reconeixerem de tant canviat que serà. Té la pretensió de fixar tot d’una principis per millorar la manera com l’administració dicta les lleis, per promoure la responsabilitat social de les empreses, la transparència dels mercats financers, simplificar els tributs, internacionalitzar les nostres companyies, millorar la nostra educació, etc., i tot això amb un model energètic sostenible. Tant de bo que se’n surti el govern amb aquest instrument normatiu, però en llegir-lo no puc deixar de pensar en una noia que vaig conèixer fa uns vint-i-cinc anys, passejant per Budapest quant encara hi manava el partit comunista hongarès. Discutint sobre els beneficis de l’economia dirigida, ens va etzibar el següent pensament: “és que jo amb això de l’atur, no estic d’acord”. I és clar, ningú no va gosar contradir-la, però no sé si la solució als nostres problemes passa per elevar al rang normatiu una bona intenció. En aquest sentit, No voldria que la llei en qüestió es quedés només en això, en un reguitzell de bones intencions cosides amb una norma feixuga plena de conceptes indeterminats com sostenibilitat, simplificació, austeritat,competitivitat, etc. En aquest darrer aspecte, deixeu-me destacar l’article 4.7 de la llei, quan invoca que el principi de simplicitat de la regulació normativa exigeix que “toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo.”(sic). Amb això també estic d’acord, però resulta curiós que ho trobem en una llei que toca aspectes tan diversos com els òrgans reguladors, la creació normativa de l’administració, el sistema tarifari elèctric, les finances administratives, l’IVA, els transports terrestres, l’educació, el cadastre, les patents, i molts d’altres, modificant la gens menyspreable xifra de 47 lleis diferents, mitjançant els 114 articles, 20 disposicions addicionals, 9 transitòries i 60 disposicions finals a les que prometo dedicar una bona part del meu temps per esbrinar com pretenen canviar les nostre estructures socials i situar-nos en la via de la recuperació econòmica sostenible.