A partir del 15 de enero de 2015, la factura electrónica será obligatoria para los proveedores de la Administración Pública Española.

El 27 de diciembre de 2013 se aprobó en el Congreso la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Esta normativa fomenta la emisión de facturas en el formato nacional Facturae , que será obligatorio en las relaciones comerciales entre la Administración y sus proveedores a partir del 15 de Enero 2015 (con alguna excepción).

Los nuevos cambios obligan a las administraciones a disponer de un registro contable de facturas en que quedan anotados todos y cada uno de los estadios por los que pasa una factura. El objetivo es conseguir un conocimiento más inmediato de la realidad económica en las administraciones, facilitar el seguimiento de la factura a los proveedores y reducir la morosidad.

En este sentido, la Generalitat de Catalunya publicó el pasado 13 de noviembre el acuerdo de Gobierno 151/2014 , de 11 de noviembre, sobre el punto general de entrada de facturas electrónicas de Cataluña, que declara el servicio e.FACT del Consorcio AOC como punto general de entrada de facturas electrónicas de la totalidad del sector público de las administraciones catalanas.

Con la aprobación de este acuerdo , el servicio e.FACT se convierte en el punto de intercambio de facturas con la Administración General del Estado a través de la plataforma Face, garantizando la interoperabilidad y el envío bidireccional de facturas.

Si necesitan ampliar esta información o ayuda con la tramitación de sus facturas rogamos se pongan en contacto con nosotros por lo medios habituales.

OTRA INFORMACIÓN:

NOVEDADES EN MATERIA LABORAL

Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

La exposición de motivos de la norma justifica la aprobación de este Real Decreto en la necesidad de acelerar la recuperación y la creación de empleo sobre la base de que los datos macroeconómicos se han estabilizado y retornan a una tendencia positiva.

Para ello se propone una reducción de parte las cotizaciones empresariales por contratación indefinida cuyos requisitos y beneficios detallamos a continuación:

Tipo contrato

CONTRATOS INDEFINIDOS suscritos entre el 25 de febrero de 2014 y 31 de diciembre de 2014.

Reducción de cotización

La aportación empresarial por contingencias comunes se reducirá a las siguientes cuantías:

➢ Contrato a tiempo completo, 100 euros mensuales.

➢ Contrato a tiempo parcial con jornada de al menos el 75%, 75 euros mensuales.

➢ Contrato a tiempo parcial con jornada de al menos el 50%, 50 euros mensuales.

Recordar que la aportación empresarial por contingencias comunes es del 23,60% sobre la base de cotización del trabajador, por lo que el 6,3% correspondiente a la cotización empresarial por desempleo, FOGASA y formación, la cotización por accidentes y la cuota del trabajador no se ven afectadas y siguen cotizando igual.

Ejemplo:
Por un trabajador con una base de cotización mensual de 1.500 euros se pagarán 100 euros (de contingencias comunes) + 94,5 euros (por desempleo, Fogasa y FP) + tarifa de accidentes según actividad empresarial. Sin esta reducción la cuota empresarial sería de 254 euros más al mes (3.048 al año).

Período de reducción

➢ Durante 24 meses desde el inicio del contrato.

➢ Para empresas con menos de 10 trabajadores en el momento de suscribir el contrato dicho período se amplía, finalizados los 24 meses, en 12 meses más por una reducción del 50%

Requisitos a cumplir

➢ Hallarse al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social, tanto en la fecha de alta del trabajador como durante el período de la reducción de cotización.

Si durante el período existiese deuda, total o parcial, se producirá la perdida automática de la reducción a partir del mes en que se produzca el incumplimiento.

➢ La contratación ha de suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel total de la empresa.

➢ Mantener durante 36 meses tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación. Se examinarán dichos niveles de empleo cada doce meses y se tendrán en cuenta los niveles del mes en el cuál se revisa.

➢ No haber extinguido contratos por causas objetivas o despidos disciplinarios declarados, unos y otros, judicialmente como improcedentes en los 6 meses anteriores a la contratación. Tampoco extinciones por despidos colectivos. A estos efectos no se tendrán en cuenta las extinciones anteriores al 25 de febrero de 2014.

Situaciones de no aplicación

➢ Contrataciones del cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado del empresario, de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de empresa con personalidad jurídica. 
Sí que se admite la reducción en la contratación de hijos por el trabajador autónomo.

➢ Contratación en regímenes especiales de la seguridad social.

➢ Contratación de trabajadores que en los 6 meses anteriores a la fecha del contrato hubieran prestado servicios a la misma empresa con contrato indefinido.

➢ Contratación de trabajadores que hubieran estado contratados en otras empresas del grupo de empresas del que formen parte y extinguido el contrato por causas objetivas o despidos declarados, unos y otros, judicialmente como improcedentes en los 6 meses anteriores a la contratación. Tampoco extinciones por despidos colectivos. A estos efectos no se tendrán en cuenta las extinciones anteriores al 25 de febrero de 2014.

➢ No se aplica la reducción al contrato que ya goce de otro beneficio en la cotización a la seguridad social.

Efectos de la aplicación indebida o incumplimiento de requisitos

➢ En caso de aplicación indebida de la reducción, reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondiente.

➢ Para el caso de incumplir el requisito de mantener el nivel de empleo durante el período estipulado de 36 meses, se reintegrará la diferencia entre la cotización normal sin reducción y las aportaciones ya realizadas desde el inicio de la reducción, sin exigir recargo e interés de demora, en los siguientes términos:

• Si el incumplimiento del mantenimiento del empleo se produce a los 12   meses de    la contratación corresponderá reintegrar el 100%.

• Si se produce a los 24 meses se reintegrará un 50%.

• En caso de producirse a los 36 meses el reintegro será del 33%.

A voltes sobre els terminis de pagament

Josep Lluís Santamarta (jlsantamarta@avs.cat) 7/4/2011

Darrerament hem sentit algun crit d’alarma per l’aprovació d’una directiva europea, la número 2011/7/UE, que modifica l’anterior de l’any 2000, i segons la qual el termini màxim de pagament no pot excedir de 60 dies llevat de pacte exprés en sentit contrari, sempre i quan aquest pacte no resulti manifestament abusiu. Hi ha qui pensa que això contradiu la recent norma espanyola relativa als terminis màxims de pagament, la qual va provocar tant consens en la majoria de les empreses petites i mitjanes perquè elimina la possibilitat de pacte per superar els terminis màxims. Un cop llegida amb calma, però, penso que no cal espantar-se. La clau de volta és el concepte de “manifestament abusiu pel creditor”. Per saber si és abusiu un pacte -ens diu l’article 7 de la mateixa directiva- s’hauran de tenir en compte les circumstàncies concurrents, com ara una desviació greu de les bones pràctiques comercials, contrària a la bona fe i actuació lleial. S’haurà de tenir en compte també l’existència de raons objectives per admetre l’excepció a la norma. En definitiva, la nova Directiva ve a definir millor els conceptes, i, a diferència de l’anterior directiva, segueix la senda del nostre dret i contempla com abusius pràcticament tots els pactes que superen els terminis màxims en les circumstàncies que acostumem a conèixer. Aquests pactes no caldrà complir-los.

Aprofito també per proposar una petita reflexió. Del que es tracta aquí és de no permetre que el natural desequilibri de forces entre els actors del comerç derivi en la imposició de terminis exagerats. Fer-ho només amb normes coercitives té -no ens enganyem- un abast molt limitat. Una gran empresa guanya molts diners per la rotació de proveïdors, i això compensa qualsevol risc de sanció per incompliment de la llei. Per què aquesta llei tingui efectes reals a la nostra economia, han de passar dues coses: per una banda s’ha d’interioritzar l’obligatorietat de la norma, primerament ens l’hem de creure i l’hem de fer nostra de la mateixa manera que hem interioritzat des de petits que cal cedir el seient a la gent gran al bus. Parlo amb molta gent que es manifesta ferm partidari de la norma, però que no dubten en endarrerir els seus propis pagaments fins a l’eternitat. En segon lloc, cal que l’incompliment no sigui rendible per l’incomplidor, i no només gràcies al règim sancionador. Em venen al cap diverses possibilitats: estudiem si l’incompliment podria comportar alguna mena de responsabilitat a l’administrador o gerent de l’empresa; o es podria vetar l’accès a concursos públics a les empreses que hagin estat sancionades; també podríem utilitzar aquest criteri a l’hora de concedir una compensació de l’IVA, etc. Finalment, cal evitar la possibilitat d’acceptar un termini il•legal eliminant per a la part feble l’alternativa que afavoreix a l’incomplidor. En termes de negociació estratègica, l’autoprivació d’una alternativa que en el futur ens perjudicarà impedeix que la part més forta de la relació comercial s’aprofiti imposant-nos les condicions que en el moment actual podem acceptar gràcies a aquella alternativa. Què passaria si els bancs no poguessin acceptar efectes al descompte derivat d’operacions comercials si el termini de pagament supera els límits legals? I si les asseguradores de caució poguessin rebutjar la cobertura de factures amb terminis excessius? No oblidem que ara la gran constructora o un Ajuntament (per posar uns exemples a l’atzar), tot i que saben que no pagaran a temps, també coneixen que acabarem fent cua al banc per suplicar que ens descomptin la lletra. I si no poguéssim fer-ho? Cada vegada més clients meus em comenten que ja no accepten res que no estigui assegurat, o en llenguatge d’empresa de caució, “classificat”. Son tantes les enganxades que han patit que prefereixen no acceptar la oferta si no poden assegurar el risc, i observo que al capdavall és la millor solució. Pensem doncs, com serien les coses si la nostra resposta davant d’una oferta de negoci amb un termini de pagament que supera els límits legals fos senzillament: “Ho sento, no puc”.

D.E.H. La inseguridad electrónica

Carlos Vázquez Pastor (cvazquez@avs.cat) 16/03/2011

Ultimamente nos hemos encontrado con otra fantástica idea de la Administración tributaria pensada inicialmente para reducir el coste de los tramites en formato papel, pero que sobre todo ayudará a incrementar la litigiosidad y derivado de esto los ingresos fiscales. Como hemos nacido (tributariamente hablando) marcado por la presunción de culpabilidad, ya no hay bastante con que la Administración tributaria nos sancione por cualquier motivo, ya que por mucho que nos esforcemos en cumplir una normativa cada vez más compleja y cambiante, acabaremos realizando algún ilícito o incumplimiento, sino que además no tendrá que molestarse en redactar (mejor diremos “cortar y pegar”), ensobrar y enviar la comunicación del expediente por escrito.

Según el RD 1636/2010 de reciente entrada en vigor, a partir de ahora los mismos administrados (de momento solo sociedades y similares, el resto creo que tendremos noticias para el 2012) serán los que tendrán que acceder a una dirección electrónica habilitada por la Administración (la conocida como DEH) para ver si han recibido alguna comunicación o notificación, bajo pena de si no han entrado en diez días naturales, entender que se ha producido la misma a todos los efectos, empezando a contar todos los plazos procedimentales en contra del pobre e incauto administrado que eso sí (que majos son los señores de informática tributaria) tiene la posibilidad de entrar en la sede electrónica de la Agencia para ver el histórico de todos sus expedientes de los últimos nueve anos y así poder estirarse de los pelos si se da cuenta que por no entrar en su DEH desde hace un mes le ha sido notificada una liquidación tributaria supongamos de IVA mientras estaba disfrutando de las primeras vacaciones que tenía en los últimos cinco años.

La verdad que aunque parezca que lo explico de una manera relajada, las buenas palabras de los responsables de la Administración en cuanto a que no serán tan malos no me tranquiliza, si querían que el tema no creara tal desequilibrio de fuerzas y que no diera tantas facilidades para su utilización indiscriminada y masiva, lo suyo hubiera sido regular el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones administración-administrado de una manera más pacífica y racional. La regulación de las notificaciones administrativas es un asunto esencial que constituye uno de los pilares de una organización basada en el principio de seguridad jurídica y por lo tanto cualquier cambio acaba afectando a nuestro sistema de derechos y libertades.

La novedad que debería de ser un paso adelante para conseguir una mejora técnica en términos de agilidad y disminución de costes, al final y si no se modifica en breve, solo será una obligación mas que se irá amontonando a las otras normas existentes y que lo único que conseguirán es limitar la actuación del ciudadano en su ámbito privado, al tenerlo por un sujeto sospechoso que además se tiene que hacer cargo de “auto-vigilar” sus relaciones con la Administración para no, paradojas de la vida, ser sancionado “por no atender un requerimiento …..”, o similar, no haciendo falta considerarse demasiado liberal para sorprenderse de una norma que nos hace ser a la vez sujetos y objetos del procedimiento tributario, ¿no hubiera sido mejor, por solo poner un ejemplo, habilitar una dirección de correo electrónico (email) para que nos notificaran de que tenemos “algo” en la sede electrónica de la web de la Agencia tributaria y darnos por notificados una vez entremos?

En todo caso recomiendo que vayamos familiarizándonos con el funcionamiento de la firma electrónica y los certificados digitales ya que la norma ya es aplicable y nos tendremos que acostumbrar. Solo por curiosidad comentar que lo primero que he recibido tras darme de alta en el servicio ha sido una notificación de embargo por una multa de tráfico, pero la resolución a la solicitud que hice de compensación de la misma con mi renta impagada de 2009 “o sorpresa” la he recibido por correo certificado, no habiendo en mi DEH ni rastro de la misma.

La Llei de l’Economia Sostenible

Josep Lluís Santamarta (jlsantamarta@avs.cat) 15/11/2011

Si l’estrès post setmana blanca no us permet conciliar la son, us recomano que abans de dormir dediqueu uns minuts a la lectura de la Llei 2/2011, d’Economia Sostenible, aprovada el passat dia 4 de març. És potser una de les lleis més pacífiques de la història, amb uns enunciats de principis que difícilment trobaran opinions en contra. L’objectiu no és modest: introduir en l’ordenament jurídic les reformes estructurals necessàries per crear condiciones que afavoreixi un desenvolupament econòmic sostenible. És preciós, però què vol dir tot això en realitat? L’article 2 de la llei ens aclareix que per economia sostenible s’ha d’entendre un patró de creixement que conciliï el desenvolupament econòmic, social i ambiental en una economia productiva i competitiva, que afavoreixi l’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, i garanteixi el respecte ambiental, etc. No és poca cosa. Tots coincidim en que el desenvolupament econòmic és una fita desitjable, i que ens cal millorar la nostra productivitat per poder competir amb les economies del nostre entorn. Però, sense dubtar de la bona intenció del nostre legislador, penso que els seus objectius són, pel cap baix, agosarats. En una sol text ens dibuixa un país futur que potser no reconeixerem de tant canviat que serà. Té la pretensió de fixar tot d’una principis per millorar la manera com l’administració dicta les lleis, per promoure la responsabilitat social de les empreses, la transparència dels mercats financers, simplificar els tributs, internacionalitzar les nostres companyies, millorar la nostra educació, etc., i tot això amb un model energètic sostenible. Tant de bo que se’n surti el govern amb aquest instrument normatiu, però en llegir-lo no puc deixar de pensar en una noia que vaig conèixer fa uns vint-i-cinc anys, passejant per Budapest quant encara hi manava el partit comunista hongarès. Discutint sobre els beneficis de l’economia dirigida, ens va etzibar el següent pensament: “és que jo amb això de l’atur, no estic d’acord”. I és clar, ningú no va gosar contradir-la, però no sé si la solució als nostres problemes passa per elevar al rang normatiu una bona intenció. En aquest sentit, No voldria que la llei en qüestió es quedés només en això, en un reguitzell de bones intencions cosides amb una norma feixuga plena de conceptes indeterminats com sostenibilitat, simplificació, austeritat,competitivitat, etc. En aquest darrer aspecte, deixeu-me destacar l’article 4.7 de la llei, quan invoca que el principi de simplicitat de la regulació normativa exigeix que “toda iniciativa normativa atienda a la consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión del mismo.”(sic). Amb això també estic d’acord, però resulta curiós que ho trobem en una llei que toca aspectes tan diversos com els òrgans reguladors, la creació normativa de l’administració, el sistema tarifari elèctric, les finances administratives, l’IVA, els transports terrestres, l’educació, el cadastre, les patents, i molts d’altres, modificant la gens menyspreable xifra de 47 lleis diferents, mitjançant els 114 articles, 20 disposicions addicionals, 9 transitòries i 60 disposicions finals a les que prometo dedicar una bona part del meu temps per esbrinar com pretenen canviar les nostre estructures socials i situar-nos en la via de la recuperació econòmica sostenible.

RECEPCION OBLIGATORIA DE NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2011

AVS legal i econòmic

El pasado 16 de noviembre se público el RD 1363/2010 en el que se regulan los supuestos en los que las notificaciones y comunicaciones administrativas serán obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Mediante la publicación de esta norma, se establece la obligatoriedad de recibir por medios electrónicos, a partir de 1 de enero de 2011 comunicaciones y notificaciones administrativas; excluyendo determinados supuestos en los que no se notificará por estos medios.

Las notificaciones mencionadas se publicarán en una dirección electrónica habilitada que será comunicada a los contribuyentes por medios no electrónicos a partir de 1 de enero de 2011.

Para poder acceder a esta dirección, se deberá de contar con certificado o firma electrónica, siendo los supuestos mas habituales:

1. Acceso del propio sujeto obligado: identificándose mediante sistema de firma electrónica.

2. Personas jurídicas y entidades sin personalidad podrán acceder con el sistema de firma electrónica correspondiente a la persona jurídica o entidad, así como con el de las personas físicas que hayan acreditado su representación con la correspondiente inscripción en el Registro de apoderamientos de la AEAT.

3. Otorgamiento de poder, el acceso a la dirección electrónica habilitada podrá realizarse tanto por el interesado como por su representante debiendo acreditarse este último con su correspondiente sistema de firma electrónica.

Los efectos de la notificación en la Dirección Electrónica Habilitada se producen:

– Desde el momento del acceso al contenido del acto notificado.
– Si el acceso no se efectúa, por el mero transcurso del plazo de diez días naturales desde su puesta a disposición en dicha dirección electrónica.

Las personas y entidades obligadas a recibir las comunicaciones o notificaciones por medios electrónicos son:

– Entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima.
– Entidades que tengan forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada.
– Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
– Los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español.
– Las uniones temporales de empresas.
– Las agrupaciones de interés económico y agrupaciones de interés económico europeas.
– Los Fondos de Pensiones.
– Los Fondos de capital riesgo.
– Los Fondos de inversiones.
– Los Fondos de titulización de activos.
– Los Fondos de regularización del mercado hipotecario.
– Los Fondos de titulización hipotecaria o Fondos de garantía de inversiones.

Igualmente y con independencia de su personalidad o forma jurídica, estarán también obligadas las personas o entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

– Las empresas que tengan la condición de gran empresa.
– Las empresas que hayan optado por la tributación en el régimen de consolidación fiscal.
– Las empresas que hayan optado por el régimen de grupo de entidades.
– Las empresas inscritas en el Registro de devolución mensual.

Conclusión

La modificación introducida por este RD supondrá por un lado una reducción importante de costes para la Administración, pero una mayor carga de obligaciones para el contribuyente al tener que acceder mínimo cada diez días a su buzón para comprobar que no ha recibido nada si no quiere que se entienda por rechazada la notificación, no quedando constancia de ello al desaparecer de la dirección electrónica a partir de ese plazo, con las consiguientes implicaciones en los procedimientos tributarios que conlleva.

CLAUSULA DEL SUELO, Un juzgado acuerda eliminarla por abusiva

18-10-2010 (ausbanc)

CLAUSULA DEL SUELO
Un juzgado acuerda eliminarla por abusiva

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla condena a BBVA, Caixa Galicia y Cajamar a eliminar por abusiva dicha condición general de la contratación, y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo.

La cláusula de suelo ha sido la principal responsable de que la progresiva reducción del euríbor, el principal índice de referencia en las hipotecas a tipo variable, no se haya traducido en una bajada generalizada de las cuotas mensuales.

La sentencia obtenida por Ausbanc pone de manifiesto la actitud negligente del Banco de España, ya que en un reciente informe determinaba que la cláusula de suelo no podía considerarse abusiva, y que su eliminación tendría un impacto demoledor para la banca española.

La cláusula de suelo de los contratos de préstamos a interés variable, celebrados con consumidores o usuarios, es nula por tener el carácter de cláusula abusiva. Así de rotunda es la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, que condena a BBVA, Caixa Galicia y Cajamar a eliminar dicha condición general de la contratación, y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo.

Esta trascendental sentencia beneficiará a miles de ciudadanos españoles que tienen firmada una hipoteca con las entidades condenadas, ya que el Juzgado entiende que hay un desfase, “a simple vista”, entre los suelos y techos de los contratos de préstamo hipotecario, por cuanto el techo señalado en las cláusulas es difícilmente asumible por el prestatario y no guarda esa semejanza exigible con el suelo, siendo la relación entre ambos desproporcionada.

Esta resolución judicial, que reconoce la legitimación activa de Ausbanc Consumo para defensa de los consumidores y usuarios, pone de manifiesto que las cláusulas de suelo, en primer lugar, son condiciones generales de la contratación y no cláusulas negociadas individualmente, y, en segundo lugar, representan pactos añadidos y accesorios a los intereses del préstamo, es decir, que no forman parte de la esencia del contrato, no son elemento esencial del mismo, por lo que es posible su control de legalidad y abusividad por los juzgados, como así ha ocurrido.

No obstante, y aun si fuera parte esencial del contrato, gracias al trabajo de Ausbanc, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha admitido que en España pueda haber un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto mediante Sentencia de 3 de junio de 2010, al resolver una cuestión prejudicial planteada por nuestro Tribunal Supremo, en relación a la sentencia ganada por Ausbanc por el redondeo al alza.

Luego, aún siendo parte esencial del contrato, o accesoria del mismo (puesto que lo relevante de un contrato de préstamo es el pago de los intereses, si estuvieran pactados, no los añadidos, “para redondear al alza”, o para no ser verdaderos intermediarios financieros fijando cláusulas de suelo que desvirtúan la fijación del precio referenciada a un tipo de interés de mercado y no abusivo), los tribunales pueden y deben -y también el legislador- valorar y, en su caso anular, cláusulas abusivas como ésta, que son objetivamente dañinas a los intereses de la clientela y, en definitiva, del sistema financiero en su conjunto, toda vez que supone reconocerles una facultad para fijar precios mínimos, en su solo beneficio, que genera un sistema financiero ineficiente, incompetente e incapaz de desarrollar una labor solvente y eficaz como verdaderos INTERMEDIARIOS FINANCIEROS.

Si la banca tiene costes tan elevados que no puede, verdaderamente servir como INTERMEDIARIA FINANCIERA, lo que tiene que hacer es mejorar con buena gestión y decisiones internas sus incompetencias y gastos inasumibles en lugar de fijar precios mínimos que desvirtúan la libre competencia y perjudican, no sólo la reactivación económica en época de crisis, sino el funcionamiento ordinario de una economía solvente, productiva y perdurable.

Esta sentencia nos incorpora a una nueva etapa del sistema financiero español por la que tendrán que gestionar con inteligencia y efectividad sus costes internos -costes laborales, planes de pensiones, bonus de directivos, solapamiento de estructuras administrativas…- en la misma dirección que la que ellos exigen a miles de familias y empresas para hacerles más eficientes y capaces de devolver los préstamos y créditos que contratan con esos mismos operadores financieros.

Estamos en presencia de una condición general de la contratación de carácter abusivo por tratarse de una cláusula incorporada de manera generalizada por la entidad bancaria a los préstamos hipotecarios sin posibilidad de negociación. Esta práctica bancaria, que transgrede el principio de buena fe contractual ocasiona, en detrimento del cliente, un desequilibrio sustancial e injustificado de las obligaciones contractuales a la vez que está originando un importante quebranto en las economías de los consumidores españoles. Y es que, la cláusula de suelo ha sido la principal responsable de que la progresiva reducción del euríbor, el principal índice de referencia en las hipotecas a tipo variable, no se haya traducido en una bajada generalizada de las cuotas mensuales.

Y por este mismo motivo, ha sido también causante –la aplicación de esta cláusula de suelo- de parte de la morosidad bancaria, es decir, la imposibilidad de pagar las cuotas por ser elevadísimas e injustificadas, que es una de las partidas más dañinas, precisamente, para los propios bancos y cajas. Amén de haber supuesto un agravante económico, social y psicológico, perjudicial al estado de ánimo de la ciudadanía, y de las pymes en su conjunto, para afrontar el desafío de la anhelada recuperación económica y empresarial, y la salida de la crisis.

El Senado aprobó en septiembre de 2009 por unanimidad una moción presentada por el Grupo Popular, en la que “insta al Gobierno a actuar contra las prácticas abusivas que algunas entidades de crédito vienen realizando con sus clientes en relación a la revisión de la cuota de las hipotecas”. Y solicitó un informe al Banco de España, para poner de manifiesto la ilegalidad de la cláusula. Sin embargo, el departamento que dirige Miguel Ángel Fernández Ordoñez, emitió un informe en sentido contrario, en el que determinaba que la cláusula de suelo no podía considerarse abusiva, y que su eliminación tendría un impacto negativo para la banca española. Lo negativo y demoledor para la banca española –decimos nosotros, Ausbanc- es no ser capaz de asumir su posición de, INTERMEDIARIO FINANCIERO, y de adoptar las medidas convenientes para jugar un papel relevante en la recuperación económica, en lugar de ser un problema más de la misma, dada su incompetencia –lamentablemente asumida y defendida por el Banco de España-para reducir sus propios costes de transformación y ser generadora de riqueza y prosperidad. Este informe del Banco de España sorprendió a propios y extraños, por cuanto el Senado había solicitado ese Documento para justificar la eliminación de la cláusula, no para mantenerla, en beneficio de la banca.

El intento del Senado se vio frustrado por esta actuación del Banco de España, que en lugar de servir a los padres de la patria, con argumentos falaces, repetimos –falaces-, desoyó a los que representan la expresión soberana del pueblo.

Ahora, los tribunales han declarado nula la cláusula de suelo, por lo que queda demostrado los errores y despropósitos cometidos por el Banco de España, más preocupado en apoyar a las entidades financieras, que en proteger a los clientes de los abusos de bancos y cajas. Y “no defender a los clientes de bancos y cajas”, no es sinónimo de defender a los bancos, es el camino seguro para el cementerio de estas entidades.

Ausbanc Consumo ha sido la primera asociación que detectó esta mala práctica bancaria y, como ya ocurrió en el caso de la cláusula de redondeo al alza en los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable, está llevando a cabo una serie de acciones judiciales para que esta cláusula sea declarada abusiva, y eliminada de los contratos. Continuando con esta campaña, los Servicios Jurídicos también han interpuesto el pasado 5 de marzo una demanda de diligencias preliminares ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid frente a Caixa Penedés, Caixa Girona, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y Banco Popular, con el fin de identificar a los consumidores afectados por la denominada cláusula suelo.

En esta misma línea seguirán contra otras entidades, si no se llega a un entente cordiale con el Banco de España, CECA y AEB.

En próximas fechas Ausbanc iniciará de forma documental su estrategia para que los beneficiarios de esta sentencia puedan aprovecharla directamente en lo que se refiere a las entidades ahora condenadas y a otras que también la aplican.